Miles de italianos marchan en Roma contra la ley de seguridad de Meloni

Miles de manifestantes marcharon por Roma el sábado para protestar contra una nueva ley de seguridad aprobada por el gobierno de extrema derecha de la primera ministra Giorgia Meloni, denunciando sus reformas de justicia penal como represivas.

Bajo una fuerte vigilancia policial y un calor sofocante, los manifestantes marcharon por el centro de Roma pasando por lugares emblemáticos como el Coliseo, ondeando banderas sindicales y palestinas.

La ley aumenta las sentencias para ciertos actos, incluidas las protestas, y fortalece las protecciones para los agentes de policía acusados ​​de violencia.

"Consideramos esta ley el mayor ataque a la libertad de disentir" contra el gobierno "en la historia de la República italiana", declaró a la AFP el abogado Cesare Antetomaso, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Se espera que el decreto, aprobado por la Cámara Baja el jueves después de la aprobación del gabinete en abril, sea aprobado por el Senado, donde la derecha gobernante tiene una mayoría firme, dentro de 10 días.

Los policías acusados ​​de violencia en el ejercicio de sus funciones tendrán derecho a recibir 10.000 euros (11.350 dólares) en asistencia jurídica según las nuevas normas.

Delitos como participar en "disturbios carcelarios" conllevarán penas más severas, incluidos los casos de resistencia pasiva. Los ocupantes ilegales se enfrentan a procedimientos de desalojo más rápidos, y las mujeres embarazadas o madres de niños pequeños ya no tendrán la posibilidad de evitar la cárcel cuando sean condenadas, aunque sea en centros de detención menos severos.

Las protestas sindicales tradicionales, como los bloqueos de carreteras durante las protestas (que antes se consideraban sólo una infracción administrativa), ahora podrían conllevar penas de cárcel de hasta dos años.

"Hay un aumento drástico de las sanciones por ocupar edificios para vivir en ellos", dijo Antetomaso. "La crisis de la vivienda no se puede resolver con penas de siete años de cárcel para quienes no tienen techo, sino con diversas políticas sociales".

El gobierno insiste en que tiene el mandato para aprobar la ley.

"El orden, la seguridad y la legalidad están en el centro de las acciones del Gobierno de Meloni", dijo el viernes Carolina Varchi, diputada del partido de extrema derecha Hermanos de Italia de Meloni. “Impugnar este decreto significa, en efecto, dar la espalda a la demanda de seguridad que proviene de los ciudadanos”.