Guinea Ecuatorial logra una victoria clave en la bahía de Corisco tras medio siglo de disputa con Gabón

Guinea Ecuatorial ha celebrado como una victoria de su diplomacia la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre su disputa con el país vecino Gabón sobre la delimitación terrestre y marítima de las islas Mbañé, Cocotero y Conga, situadas en la estratégica bahía de Corisco. Ambos países reclamaban la soberanía sobre estas franjas de tierra y, más particularmente, sobre las aguas territoriales que las rodean.

La sentencia del tribunal de la ONU, conocida el pasado 25 de mayo, pone fin a una disputa histórica que ha durado cincuenta años. El tribunal perteneciente a la ONU desestimó las principales pruebas presentadas por Gabón en su reclamación de la soberanía de estas tres islas, lo que constituye un revés legal significativo para Libreville y un claro respaldo implícito a la posición ecuatoguineana. El fallo es definitivo y vinculante, por lo que cierra la puerta a cualquier posible impugnación por parte de Gabón y sienta un precedente para la resolución de otras disputas territoriales en África relacionadas con acuerdos coloniales.

El litigio se centraba en tres islas: Mbañé -la mayor, de unas 30 hectáreas- y los islotes Conga y Cocoteros, ubicados en aguas de la bahía de Corisco. Estos tres pequeños territorios insulares fueron parte de España como potencia colonial.

La Bahía de Corisco forma parte de la cuenca del Golfo de Guinea, y es una de las regiones productoras de petróleo más importantes de África Occidental. Esta cuenca está formada por extensas formaciones geológicas sedimentarias propicias para la acumulación de hidrocarburos. De hecho, esta riqueza está en el origen de la disputa territorial entre ambos países.

El origen se sitúa en 1972, doce años después de la independencia de Gabón de Francia y cuatro después de la de Guinea Ecuatorial de España. Ese año Gabón ocupó por la fuerza la isla de Mbañé expulsando a las fuerzas ecuatoguineanas allí estacionadas. Desde entonces, Gabón ha mantenido una presencia militar en la isla -con el objetivo de ejercer el control físico de la isla y reafirmar su soberanía, que ahora tendrá que retirar en virtud de la sentencia de la CIJ.

Ambos países habían concedido licencias para la exploración petrolera en el área, lo que aumentó la tensión y el interés estratégico y económico por el desenlace del caso. Empresas petroleras internacionales Gulf Oil y Shell mostraron su interés pero hasta ahora ninguna ha realizado inversiones debido a que se trataba de áreas bajo un litigio de soberanía.

La ONU puso en marcha en el año 2004 un proceso de mediación. Las negociaciones fueron suspendidas en 2010 como consecuencia de las tensiones entre el nuevo Gobierno gabonés y Guinea Ecuatorial, si bien se retomaron un año después tras la llegada de Ban Ki Moon como secretario general de la ONU. En 2016, el Protocolo de Marrakech, firmado por el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y el entonces mandatario gabonés, Ali Bongo Ondimba, comprometía a las dos partes a alcanzar una resolución amistosa a través de la Justicia internacional. Así, ambos países acordaron someter la disputa ante la CIJ. El tribunal, con sede en La Haya, celebró audiencias públicas en 2024, donde escuchó los argumentos de ambas partes.

La comitiva ecuatoguineana, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Simeón Oyono Esono Angué, presentó pruebas basadas en los primeros tratados de San Ildefonso (1777) y del Pardo (1778), rubricados entre España y Portugal, que delimitaban las posesiones coloniales de España en la región, incluyendo las áreas circundantes a las islas en disputa. Pero la clave fue la presentación del Tratado de París, firmado en 1900 entre Francia y España para delimitar sus respectivas colonias en África Occidental. La posición ecuatoguineana sostenía que ni Francia ni Gabón tuvieron nunca derechos sobre las islas.

La visión de Gabón era diametralmente opuesta y basó el fundamento de su reclamación en la supuesta Convención de Bata de 1974 que decía haber firmado con Guinea Ecuatorial. La validez legal de dicho documento fue puesta en duda por Guinea Ecuatorial al asegurar que ese supuesto tratado no fue debidamente ratificado y que, en todo caso, carecía de la fuerza legal para anular un tratado internacional previo y válido como el Tratado de París de 1900. Además, objetaba que Gabón sólo presentó ante la CIJ el contenido del mismo en fotocopia sin autenticar en lugar de la versión original validada. «El título que tiene fuerza de ley (...) relativo a la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga es el título en posesión por el Reino de España el 12 de octubre de 1968, del que es heredero la República de Guinea Ecuatorial», explicó la CIJ en una sentencia «definitiva, inapelable y vinculante».

Los jueces no dijeron quién tiene la soberanía sobre las pequeñas islas, pero ambos Estados se comprometieron a implementar la decisión de la Corte. Los dos países tendrán que continuar sus negociaciones sobre una base jurídica ahora claramente definida. Pase lo que pase, la resolución elimina el principal obstáculo para la exploración y explotación de los recursos petroleros y gasísticos. Se espera que, con la clarificación de la soberanía, Guinea Ecuatorial pueda ahora licitar y desarrollar plenamente el potencial de hidrocarburos en las aguas que rodean las islas Mbañé, Cocotero y Conga.

Desde Guinea Ecuatorial se asegura que la victoria en la CIJ fue el resultado de una estrategia basada en la «verdad histórica y jurídica», gestada por la Comisión Nacional de Fronteras, cuyos análisis históricos fueron realizados por el magistrado Francisco Evuy Nguema Mikue, en cuyo informe titulado «La verdad sobre Mbañé, nuestro territorio» reconstruyó el dominio efectivo de Guinea Ecuatorial desde 1778, demostrando que las islas fueron transferidas tras la independencia en 1968.

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene una doble misión, que consiste, por una parte, en resolver las controversias jurídicas que le someten los Estados y, por otra, en emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que le someten los órganos de las Naciones Unidas.