El Senado planea instar al Tribunal Constitucional a llevar la amnistía a la UE

Pedro Sánchez vive en un bloqueo continuo en el Congreso y necesita de una ayuda del Tribunal Constitucional para desatascar el apoyo de Junts. De ahí que se hayan acelerado los plazos y todo apunte a que en el mes de junio se resuelva el futuro de la Ley de Amnistía. Pero habrá que ver si finalmente así sucede, dado que el PP ya ha presentado un escrito para tratar de paralizar la resolución del TC hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una iniciativa a la que previsiblemente se sumará, según ha podido saber este medio, la actuación del Senado, que está estudiando la posibilidad de presentar un escrito ante el órgano de garantías –al estar la Cámara Alta personada en el recurso del PP contra la ley– instando al TC a plantear varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, y solicitando que se suspenda la tramitación del recurso de inconstitucionalidad hasta que no resuelva la Justicia europea.

El Senado forma parte del procedimiento en tanto en cuanto presentó alegaciones cuando así lo pidió el TC, tras la formalización de los recursos de inconstitucionalidad contra la norma por parte del PP y de varias autonomías gobernadas por los populares. De esta manera, el Senado es parte en el asunto, pese a que evitó presentar un conflicto de atribuciones. La Cámara, controlada por la mayoría absoluta del PP, quiere usar esa voz para forzar que el órgano constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido acuda a Europa. En concreto, según informan fuentes parlamentarias, la idea es presentar casi una decena de dudas relativas al choque que pueda ocasionar la Ley de Amnistía con el Derecho de la Unión Europea.

En cualquier caso, mientras el Senado prepara un escrito que, previsiblemente, se presente antes del próximo miércoles, el PP también ya ha tomado la iniciativa y ha pedido a Conde-Pumpido que paralice la tramitación de su recurso hasta que hable el TJUE.

En su calidad de recurrente, ve necesario no anticiparse al TJUE, que debe resolver las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles, con el Supremo a la cabeza, sobre la posible vulneración de la norma del derecho comunitario.

Así lo puso ayer de manifiesto en un escrito en el que secunda la petición realizada en el mismo sentido por tres magistrados –Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y César Tolosa–, que fue desestimada mediante un acuerdo gubernativo por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que esgrimió el control que debe efectuar la corte de garantías sobre la constitucionalidad de la polémica ley es «independiente» de las decisiones que puedan adoptar otros órganos jurisdiccionales. Algo que el PP considera «en modo alguno correcto».

Los populares plantean esa petición en el marco de su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía –el primero que abordará el Pleno, previsiblemente en las sesiones del 10 y el 24 de junio–. En ese escrito, la formación de Alberto Núñez Feijóo asegura que el análisis que debe hacer el TC está conectado con lo que considera «evidentes infracciones del derecho de la Unión».

El partido recurrente defiende que «en aplicación de un mínimo grado de prudencia y sosiego exigible a cualquier órgano jurisdiccional» procede «en todo caso la suspensión del procedimiento» hasta que el TJUE resuelva las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de lo Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú.

Esas dudas, recuerdan los populares, afectan a la posible incompatibilidad de la Ley de Amnistía con la cláusula de Estado de Derecho, con los principios de igualdad y no discriminación, con la regulación europea sobre el terrorismo, la malversación y la protección de los intereses financieros de la UE, con los principios de separación de poderes e independencia judicial y con el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en el territorio de la Unión.

Para el PP es «imprescindible» que se incorporen al procedimiento los informes y anexos en los que los tres magistrados discrepantes recogen sus argumentos en defensa de la necesidad de esperar a que se pronuncie el TJUE.