Medios marroquíes celebran los cambios en la Ley de Extranjería que facilita permisos de residencia

La reforma de la ley de extranjería española entrará en vigor el martes 20 de mayoy trae consigo una serie de modificaciones "extensas y profundas" que afectan a diversos procedimientos de residencia, reagrupación familiar y estatus legal de los inmigrantes, celebran madios marroquíes.

Recuerdan que los cambios se adoptaron en noviembre del año pasado y son el resultado de meses de debate jurídico y de derechos humanos, en el que la sociedad civil y organizaciones profesionales pedían una reforma integral de la ley de inmigración que se alineara con las realidades sociales y demográficas de España.

Entre las novedades más destacadas del nuevo texto--subrayan-- está la reducción de tres a dos años del tiempo de residencia necesario para acogerse al procedimiento de “conexión de raíz”, lo que permitirá a miles de inmigrantes irregulares regularizar su situación en un plazo más corto. También se ha adoptado la medida denominada de "segunda oportunidad", que permitirá a los que perdieron su autorización de residencia por circunstancias económicas o sociales recuperarla tras dos años de presencia continuada en España.

"En una medida radical, los permisos de “Vínculo Familiar” y “Permiso Familiar para Ciudadanos de la UE” se han unificado en un único mecanismo llamado “Permiso de Residencia para Familiares de Ciudadanos Españoles”. Esto permite presentar solicitudes desde España sin tener que regresar al país de origen. Representa un gran avance para miles de solicitudes que estaban estancadas en los consulados", añaden.

La nueva ley permite a los estudiantes internacionales trabajar hasta 30 horas por semana y recibir su educación universitaria a tiempo parcial de forma remota. También se facilitan los requisitos de apoyo, ya que ahora es posible presentar un contrato de trabajo o una promesa de trabajo como fuente de financiación para un permiso de residencia de estudiante.

Sin embargo, --señalan-- la polémica exclusión de los menores de este sistema ha provocado una ola de críticas por parte de grupos defensores de los derechos de la infancia, que han calificado la medida de desequilibrada. A pesar del carácter reformista de la ley, muchas asociaciones y organizaciones de derechos humanos consideran que las modificaciones son incompletas, en particular en lo que respecta al estatuto de los solicitantes de asilo.

Por otra parte, los organismos profesionales han advertido del posible colapso de los departamentos responsables de asuntos migratorios si las reformas no van acompañadas de suficientes recursos humanos y técnicos. Algunos casos tardan más de seis meses en procesarse, lo que convierte la nueva ley en un verdadero desafío logístico para el gobierno español.

A la espera de su aplicación práctica y de la entrada en vigor de la ley, miles de inmigrantes de diversas nacionalidades, especialmente marroquíes y latinoamericanas, anticipan las repercusiones de estas modificaciones en sus historiales familiares y profesionales. Entre el optimismo sobre lograr una facilitación efectiva y los temores de obstáculos administrativos que podrían dificultar la implementación, el futuro sigue dependiendo del grado de compromiso político y técnico para implementar la ley en el terreno, de una manera que preserve la dignidad y los derechos humanos en un país que es uno de los destinos europeos más destacados para la inmigración, concluyen.