Seis meses de dana: 180 días de batalla política

La tregua duró poco más de 48 horas. Mucho antes de conocer la cifra oficial de fallecidos- 228- provocada por la dana del pasado 29 de octubre el Gobierno central y la Generalitat iniciaron una batalla política de la que quedan todavía muchos capítulos por escribir.

Los agentes con mayor implicación en la reconstrucción- empresarios y sectores afectados- llevan meses demandando que se articule una cooperación real entre ambas administraciones con un objetivo único: aunar esfuerzos para revertir lo antes posible la situación en la que ha quedado la zona cero y cuyos efectos se extienden a toda la provincia de Valencia.

Sin embargo, la constitución de una comisión mixta, reclamada hasta la saciedad por el vicepresidente segundo para la recuperación social y económica de la Generalitat valenciana, Francisco José Gan Pampols, todavía no se ha creado. ¿Por qué un órgano que se conformó cuando se produjo la erupción del volcán de La Palma no se puede replicar? La respuesta, sigue flotando en el aire.

La sede de la Delegación del Gobierno en Valencia se convirtió durante los primeros meses de la dana en un ir y venir constante de ministros. La presencia ahora sigue siendo frecuente, pero la relación con la Generalitat es nula. Lo habitual, denuncian desde el Consell, es que no se comunique al Gobierno valenciano.

El último ejemplo ocurrió esta misma semana. El presidente del Gobierno anunció que los terrenos de la ZAL del puerto de Valencia acogerán la construcción de una Ciudad de la Industrializaciónde la Construcción. El proyecto ni siquiera se comunicó a la alcaldesa de la ciudad, quien mostró su receló por haberse enterado por la prensa.

La relación entre el presidente Sánchez y Carlos Mazón es inexistente. No hay diálogo entre ellos, ni en el ámbito privado, ni en el público.

Mientras, el Gobierno valenciano navega contra viento y marea para seguir con una legislatura que todavía no ha llegado a su ecuador insistiendo en que no tiene el suficiente apoyo del Ejecutivo central.

El Consell lanzó una batería de propuestas en los grupos de trabajo que se celebraron tras la dana con el Gobierno de España. El balance, afirma,, es negativo. «Ni siquiera han aprobado ayudas a fondo perdido. Todo va a la deuda». Las propuestas que no han sido atendidas, insisten, son demasiadas.

Las negativas del Gobierno

La Conselleria de Agricultura propuso implementar nuevos modelos predictivos o el establecimiento de un sistema de alarmas en los cauces con impacto urbano. Tampoco han sido satisfechas las demandas de nuevas obras de defensa de avenidas.

En materia social, la Conselleria Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda solicitó 25 millones del Sepes para comprar de vivienda prefabricadas y atender cuanto antes la situación de los damnificados, así como la creación de un centro de acogida temporal para las personas que perdieron su vivienda.

Tampoco han recibido inversión para reparar los centros y viviendas sociales dañadas, ni se han cedido todas las viviendas que la Sareb tiene en la zona.

En materia fiscal, la Conselleria de Hacienda solicitó, sin éxito, exenciones fiscales de las ayudas concedidas por la Generalitat a autónomos y empresas afectadas por la dana, IVA cero en la compra de vehículos nuevos y exención del IBI y el IAE en 2025.

En materia de Cultura, se solicitó un bono cultural de 15 millones de euros para impulsar la recuperación del sector, así como financiación para afrontar los costes producidos en las infraestructuras educativas.

La Generalitat lamenta que la ministra de Ciencia, Diana Morant, y secretaria general del PSPV, no se haya puesto en contacto con esta Conselleria.

Desde Emergencias, solicitaron la inclusión de todas las poblaciones afectadas por la dana de la provincia de Castellón y de la provincia de Valencia en los decretos del Gobierno para que puedan recibir ayudas, tal y como sí ha hecho la Generalitat.

Por su parte, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha insistido en que el Consorcio de Seguros abone con agilidad el pago de las indemnizaciones.

En el caso de empresas se han pagado 13.155 solicitudes de un total de 19.290, lo que supone un 68 % del total.

En materia de Sanidad, el Gobierno no ha transferido inversión para reparar los centros de salud dañados por la riada. Además, todavía no se han puesto en marcha las nueve unidades de salud mental prometidas por la ministra Mónica García.